La necesidad de "poner un precio al carbono" para impulsar e incentivar patrones de inversión y prácticas industriales con bajas emisiones de carbono ha estado en el centro de la política climática neoliberal desde principios de la década de 1990. Ha llegado el momento de analizar críticamente este compromiso político central, en particular el comercio de emisiones, y la forma en que los sindicatos han respondido a él.

Se espera mucho de los mercados de carbono en los próximos años. El Acuerdo de París de 2015 ha respaldado la expansión de los mercados de carbono a través del llamado "Mecanismo de Desarrollo Sostenible" y de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (CPDN) que se han incorporado al acuerdo. Además, han pasado diez años desde el lanzamiento en 2005 del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCCDE), el mayor de su clase en el mundo. Tras su lanzamiento, el régimen se convirtió inmediatamente en el buque insignia designado de lo que se esperaba que se convirtiera, con el tiempo, en un mercado de carbono mucho más grande y quizás mundial. Del mismo modo, en 2016 se cumple el décimo aniversario del histórico informe sobre la economía del cambio climático, conocido como Informe Stern, que también identificó el comercio de carbono y la fijación de precios del carbono en general como quizá el principal mecanismo político para reducir las emisiones. Así que ha pasado suficiente tiempo para examinar las esperanzas y expectativas de hace diez años a la luz de lo que realmente se ha logrado desde entonces.

En este contexto, es necesario examinar los debates sindicales en torno a esta cuestión. Estos debates han tenido lugar sobre todo (pero no totalmente) en la Unión Europea, pero podrían ser precursores de un debate sindical más amplio si, como parece probable, se intenta ampliar los mercados de carbono en los próximos años. Es muy posible que la preocupación por la "fuga de carbono" -que los sindicatos llevan expresando abiertamente desde hace más de una década- entre en conflicto con los esfuerzos de los sindicatos por instar a los gobiernos a aumentar su nivel de ambición en cuanto a la reducción de emisiones.

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