El Gobierno mexicano firmó el martes un acuerdo para la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la multinacional española Iberdrola. La compra convierte a la empresa estatal en propietaria mayoritaria de la generación de energía eléctrica en México.
Tres semanas después de que cientos de miles se movilizaran en para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera por parte del ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas, el gobierno federal anunció que está comprando 13 plantas de generación de energía eléctrica propiedad de Iberdrola por casi 6.000 millones de dólares. Las 13 plantas representan 8.539 MW de capacidad instalada, de los que 8.436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW a eólicos. En conjunto, la compra representa el 77% de la capacidad instalada de Iberdrola en el país, aunque la multinacional con sede en España seguiría siendo el principal generador privado de energía renovable en México.
Aunque todavía no se han hecho públicos muchos detalles en torno a la estructura de financiación, según la Secretaría de Hacienda, un nuevo fideicomiso gestionado por México Infrastructure Partners (MIP) será el propietario de las centrales eléctricas, y la mayor parte de su capital procederá principalmente del Fonadinel fondo público de infraestructuras de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explotará las centrales.
"Esto significa, sin exagerar (...), el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Lo más importante de todo es que, de esta manera, garantizamos que las tarifas eléctricas no aumenten para los consumidores, como ha ocurrido en los últimos cuatro años", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "Es decir, la CFE se convierte en la empresa mayoritaria. Si a esto le agregamos que se están construyendo plantas definitivas, se están rehabilitando hidroeléctricas con turbinas nuevas, todo a cargo de la CFE, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá alrededor del 65 por ciento de toda la generación de energía al final del sexenio", agregó AMLO en el televisado del martes televisado del martes.
"La CFE es la única empresa que tiene permiso para comercializar electricidad. La CFE tenía que comprar la electricidad de estas 13 plantas de Iberdrola para poder venderla. Hoy ya no necesitaremos esa intermediación" dijo Rocío Nahlesecretaria de la Secretaría de Energía (Sener). "Por lo tanto, los mexicanos nos vemos favorecidos porque podemos sostener costos accesibles de electricidad. En México somos el país con las tarifas de energía más bajas de la OCDE porque tenemos una política energética que el Presidente revisa diariamente, y con PEMEX, CFE, nos permite tener tarifas por debajo de la inflación", dijo.
El actual gobierno de MORENA ha estado trabajando para recuperar el control público sobre los recursos energéticos de México, y AMLO hizo campaña con planes para restaurar la soberanía energética del país. A lo largo de su administración, el gobierno ha tomado medidas para restaurar PEMEX y CFE como instituciones públicas preeminentes.
A principios de 2019, AMLO pospuso las subastas de energía renovable programadas, imponiendo así una moratoria indefinida a los nuevos proyectos privados de energía eólica y solar. AMLO también ha pedido la nacionalización del litio y la creación de una empresa nacional de litio controlada públicamente (siguiendo el modelo de CFE) que controlaría la extracción, el procesamiento y la comercialización del litio.
En abril de 2022, a cuatro años de su mandato, la administración de AMLO sufrió su mayor golpe político cuando la propuesta de reforma eléctrica no fue aprobada con una mayoría de dos tercios en el Congreso. La reforma pretendía refundir la CFE y revertir la liberalización del sector eléctrico llevada a cabo por las administraciones anteriores, lo que se traduciría en un aumento de la proporción de la energía de México producida por empresas privadas. Rocío Nahle, secretaria de la Secretaría de Energía (Sener), declaró: "Al final del día, el negocio pertenecía a las empresas privadas, y la CFE ni siquiera se convirtió en sirviente, sino totalmente servil". Tras la derrota, la administración siguió trazando estrategias alternativas para conseguir el apoyo popular, incluidas movilizaciones sindicales, a favor de la energía pública y la recuperación de la CFE como propiedad pública.
No todos comparten el análisis de que esta negociación equivale a una forma de nacionalización. Luis Rangel, investigador del centro de investigación laboral progresista CILAS ofreció otra perspectiva. "Aunque es un paso positivo en el sentido del fortalecimiento público de la generación de energía, está lejos de considerarse una "nueva nacionalización", dijo. "Aunque las plantas serán administradas por la empresa estatal CFE, la propiedad no será completamente pública, sino que estará mediada por organizaciones de participación público-privada, como México Infrastructure Partners (MPI)". Mientras tanto, por tiempo indeterminado, las utilidades que generen las plantas seguirán siendo para Iberdrola hasta que se cubra en su totalidad el costo pactado, por cierto, no en un contrato formal de compra-venta, sino en un "memorándum de entendimiento", figura jurídica que ni siquiera obliga a las partes a su cumplimiento", dijo Rangel.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emitirá su pronunciamiento público sobre la compra de Iberdrola el próximo martes. Lo estaremos compartiendo en las redes sociales.
Estados Unidos y Canadá llevan mucho tiempo afirmando que las políticas energéticas de AMLO perjudican a las empresas estadounidenses en favor de la empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el productor de petróleo Petróleos Mexicanos (Pemex), "socavando" así a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos en violación del USMCA.
En octubre de 2020, en un esfuerzo por socavar los esfuerzos iniciales de reforma energética de AMLO, más de 40 congresistas estadounidenses, incluidos 11 demócratas de la Cámara de Representantes, enviaron una carta al ex presidente Trump, afirmando que las acciones de MORENA iban en contra del espíritu del USMCA.
Dos años más tarde, en julio de 2022, Estados Unidos y Canadá solicitaron conversaciones de solución de controversias con México, abriendo un camino bajo las reglas del USMCA para solicitar un panel de resolución de disputas. Si México perdiera el fallo y no tomara "medidas correctivas", podría enfrentarse a miles de millones de dólares en aranceles de represalia por parte de Washington y Ottawa.
En enero de 2023, la administración Biden agravó la situación, anunciando un ultimátum. La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, presionó a México para que hiciera "una última oferta" de apertura de sus mercados y aceptara una mayor supervisión.
Desde el inicio, reclamos de Estados Unidos, Canadá, la oposición mexicana y algunos sectores ambientalistas han criticado que las políticas energéticas del gobierno de AMLO son regresivas en materia ambiental. El senador del Partido Demócrata Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, afirmó recientemente que México está "burlando" sus obligaciones con el USMCA al excluir a las empresas estadounidenses de energías renovables. "Han pasado ocho meses. Los productores estadounidenses de energía limpia siguen esperando acceso. En mi opinión, ya es hora de decir basta y convertir esto en un verdadero caso de solución de controversias", dijo Wyden.
Actualmente, casi el 40% de la energía generada por la CFE proviene de energías limpias (67% hidroeléctrica, 24% nuclear y 9% geotérmica, con solar y proyectos eólicos en marcha).
En la respuesta televisada del martes, AMLO respondió indirectamente, diciendo: "Entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante para nuestro país mantener empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y no debemos apostar a la privatización en actividades sociales y actividades estratégicas para el pueblo y la nación." Señalando un artículo que insertó en el USMCA que estipula la propiedad "inalienable" de México sobre su petróleo y gas, AMLO afirmó"Todo lo que estamos haciendo en materia energética es conforme a la Constitución, a nuestras leyes".
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